A juicio vicepresidenta de gestión corporativa de Colpensiones
Por su supuestamente direccionar un contrato de defensa jurídica de la entidad.
La Revista Semana reveló este fin de semana que María Elisa Morón Baute, vicepresidenta de gestión corporativa de Colpensiones, fue llamada a juicio por la Fiscalía por el presunto direccionamiento a ‘dedo’ de un millonario contrato de defensa jurídica de la entidad.
Esta situación sale a la luz pública en momentos en que el Congreso de la República aprobó la reforma pensional del Gobierno Petro y en donde principalmente la mayoría de los colombianos pasarían a Colpensiones.
La Revista Semana precisó que ya hay una acusación formal contra Morón Baute y es acusada por la Fiscalía por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado.
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Según las indagaciones del ente acusador, el mencionado contrato fue de un valor inicial de 4.142 millones de pesos y de un momento a otro le hicieron adiciones y quedando en 12.455 millones de pesos sin explicación alguna.
Según reveló Semana, el contrato era para defender jurídicamente a Colpensiones y evitar que las arcas se vaciaran en costosos litigios.
Según el contrato era “prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión de los contratos cuyo objeto es la representación judicial, extrajudicial y administrativa, orientados a defender los intereses litigiosos de Colpensiones”.
Habían dos firmas de abogados que estaban detrás del millonario contrato. Según Semana, se trataba de las firmas Icarus SAS y Lupa Jurídica SAS, la cual resultó escogida.
En el escrito de acusación, la Fiscalía señaló a Morón Baute que “usted no verificó el contenido de los estudios previos, los cuales reflejaron el valor del contrato producto de una cotización concertada con el contratista Lupa Jurídica SAS, y no de un transparente estudio de mercado que reflejara el presupuesto del contrato, descalificando irregularmente a la firma Icarus SAS, pues ni siquiera tuvo la opción de presentar oferta, eventos indicativos de la ausencia de un querer hacer valer los principios de la contratación estatal, como los de igualdad y transparencia”.